Solidaridad con el Frente Polisario

Por vuestro interés, reproduzco a continuación el artículo publicado en ABC. Sobran las palabras…

Diario ABC
El Sahara Occidental: dos años después
Fernando Arias-Salgado Montalvo
Ex embajador de España en Marruecos

El 31 de julio de 2003, el Consejo de Seguridad aprobaba por unanimidad durante la presidencia española la Resolución 1.495 (2003), que incorporaba el Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo saharaui, también conocido como Plan Baker II. El Consejo de Seguridad calificaba este Plan como la solución política óptima del conflicto del Sahara Occidental entre Marruecos y el Frente Polisario. El Frente Polisario, tras un rechazo inicial del Plan, acabó aceptándolo. Argelia, pese a expresar serias reservas de procedimiento, también lo asumió por entender que respetaba en su plenitud el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Marruecos, por el contrario, lo rechazó tajantemente, calificándolo como una «marcha programada hacia la independencia», según expresión del ministro adjunto de Asuntos Exteriores señor Fassi Fihri.

No obstante este rechazo, Marruecos era consciente de su aislamiento internacional ante una propuesta razonable que incluso Francia había apoyado en el Consejo de Seguridad. Le iba a ser, por tanto, difícil evitar la presión diplomática subsiguiente sin presentar una propuesta alternativa que desarrollara la idea de «autonomía» del Sahara Occidental. Esta propuesta había sido ya aceptada con el nombre de «Acuerdo Marco» en junio de 2001 con ocasión del debate que tuvo lugar en esa fecha en el Consejo de Seguridad sobre la base de una iniciativa del propio señor Baker.

En este contexto, la diplomacia marroquí, con la habilidad que la caracteriza, comenzó la elaboración de un proyecto de autonomía propio que respetando «la integridad territorial» de Marruecos otorgaba al pueblo saharaui reunificado un autogobierno sustantivo a través de instituciones democráticas propias para garantizar su identidad. Esta «región autónoma del Sahara» (RAS) quedaría garantizada por una reforma de la Constitución marroquí, abriendo así el camino a una regionalización progresiva del Reino de Marruecos, como había prometido el Rey Mohamed VI en el inicio de su reinado. Este proyecto de autonomía fue comunicado al presidente Aznar por el propio Rey Mohamed VI en la Cumbre de Marrakech el 9 de diciembre de 2003. Un texto del mismo fue entregado personalmente por el ministro del Interior marroquí señor Sahel, el 26 de diciembre de 2003 en La Moncloa.

Parecería lógico, en términos profesionales, concluir que el Gobierno que preside el señor Rodríguez Zapatero y la diplomacia que dirige el señor Moratinos conocerían este proyecto al entrar en funciones el nuevo Gobierno el 18 de abril del año 2004. En esta fecha, Marruecos estaba dispuesto a negociar en el marco de la Resolución 1.495 (2003) un proyecto alternativo al Plan de Paz Baker II como resultado de las gestiones diplomáticas del secretario general de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, de España y de otros países que sería largo mencionar.
Es cierto que la distancia que separaba a las «partes» era todavía muy considerable, porque el proyecto marroquí no respetaba en su premisa el estatuto jurídico internacional del Sahara Occidental. Pero también es cierto que esta alternativa al Plan Baker II representaba, en el contexto de la Resolución 1.495 (2003), una oportunidad excelente para intentar una negociación diplomática efectiva, a través de Naciones Unidas, para acercar posturas entre las «partes». Desgraciadamente, por causas todavía no explicadas, no se actuó así. El Gobierno del PSOE presidido por el señor Rodríguez Zapatero retiró su apoyo político al Plan de Paz Baker II y prometió que la diplomacia española encontraría una fórmula imaginativa para solucionar el conflicto del Sahara «en seis meses». Como era lógico esperar, las consecuencias de este giro diplomático no tardaron en concretarse. Dimisión del señor Baker, retirada del proyecto de autonomía marroquí y decepción del Frente Polisario ante la ambigüedad de la posición española en relación con el fondo del conflicto. Y de esta manera, España contribuyó a situar el litigio entre Marruecos y el Frente Polisario de nuevo en un punto cero. En efecto, declarado caduco el referéndum previsto en el Plan de Arreglo aprobado por las «partes» y por el Consejo de Seguridad en 1991, rechazado por Marruecos el Plan de Paz Baker II, y retirado su proyecto de autonomía para el territorio, la diplomacia española se encontró con el vacío y, pese a sus buenas intenciones de las que nadie duda y su capacidad de interlocución pública con todas las «partes» al máximo nivel, no ha conseguido, en mi opinión, superar el error estratégico cometido al cerrar prematuramente una vía de negociación que el señor Baker, de haber encontrado el apoyo político necesario, hubiera mantenido abierta. Y ahora todo son lamentaciones, porque la tensión existente en el territorio entre la población saharaui y las autoridades marroquíes que actúan como «poder administrativo de facto» no augura nada bueno para el futuro inmediato en lo que respecta a la paz y a la estabilidad en la región. Y sin embargo, existen todavía posibilidades de acción en el marco de la legalidad internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas que podrían ser la base de iniciativas diplomáticas cuyos efectos prácticos podrían anticiparse. Sin ánimo exhaustivo podría mencionarse, dentro del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, el recurso al arbitraje para determinar, de conformidad con el Derecho Internacional, cuál es el estatuto jurídico internacional actual del Sahara Occidental, 30 años después de los acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Otra iniciativa posible en el marco de la Asamblea General de la ONU, si el Consejo de Seguridad no adoptara el próximo 31 de octubre ninguna resolución sustantiva sobre el conflicto, sería abrir un debate para clarificar si el derecho de libre determinación del pueblo saharaui prevalece o no sobre el derecho a la integridad territorial de Marruecos. La Asamblea General se pronunció al respecto en las resoluciones adoptadas entre 1975 y 1980 a favor del derecho de libre determinación.

Tampoco cabría excluir en este contexto que la Asamblea General examinara la viabilidad política y jurídica de una partición del territorio, como sucedió en el caso de Palestina, para intentar, como último recurso, evitar una guerra entre las «partes» con la ruptura del alto el fuego de 6 de septiembre de 1991. Treinta años después, casi día por día, de la Marcha Verde, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General volverán a enfrentarse con el mismo conflicto de fondo que en noviembre de 1975, conflicto que podría resumirse en las siguientes cuestiones jurídicas: ¿el Sahara Occidental pertenece a Marruecos y a Mauritania?, ¿pertenece únicamente a Marruecos después de la retirada de Mauritania en 1978?, ¿o es el pueblo saharaui el titular de la soberanía sobre el territorio?

Desde el punto de vista del Derecho Internacional, la respuesta no ofrecería, en mi opinión, ninguna duda. La tragedia es que, desde el punto de vista de la «real politik», tampoco. El nudo gordiano del conflicto radica, precisamente, en que en este caso el derecho y la «real politik» están enfrentados. Habrá que ver si en el futuro Estados Unidos, con el nuevo rumbo de su política exterior descrita en la Tercera de ABC hace unos días por la secretaria de Estado señora Rice, decide, asumiendo el papel de Alejandro Magno, cortar de una vez el nudo gordiano ante la imposibilidad de desatarlo haciendo prevalecer el criterio de la libertad y la democracia sobre el criterio de la estabilidad a cualquier precio.